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Pagar menos impuestos: la propuesta para regular a Bitcoin en Costa Rica

26 Oct, 20225 min readRegulation
Pagar menos impuestos: la propuesta para regular a Bitcoin en Costa Rica

Hechos clave:

  • Con la ley MECA quieren evitar la injerencia del gobierno en la nueva economía.
  • Operaciones con BTC en Costa Rica no pagarían IVA ni otros impuestos con esta ley.
  • La diputada Johana Obando presentó ante el Congreso de Costa Rica un proyecto de ley que busca darle un marco jurídico al mercado de bitcoin (BTC) y criptomonedas en su país. La propuesta tiene una serie de medidas que buscan evitar que el gobierno se apropie «de lo que no le pertenece», como lo sugiere la legisladora.

    En una serie de mensajes publicados en Twitter, Obando explicó que la Ley de Mercado de Criptoactivos (MECA) que presentó el pasado 24 de octubre, tiene una «perspectiva liberal». Con ella se pretende proteger la propiedad privada virtual individual, la autocustodia y la descentralización, según explicó.

    Todo esto sin «injerencia» y en «absoluta armonía» con la política monetaria que establece el Banco Central de Costa Rica, según detalló la diputada.

    Obando elevó la propuesta legislativa en conjunto con los parlamentarios Luis Diego Vargas y Jorge Dengo. Los tres forman parte del Partido Liberal Progresista.

    La parlamentaria aclaró que este proyecto legislativo dista mucho de la Ley Bitcoin de El Salvador, que otorga el curso legal a la primera criptomoneda. Su propuesta solo introduce a estos activos como monedas virtuales privadas de libre acceso y circulación en Costa Rica.

    Esto significa que se autorizaría el uso de criptomonedas como bitcoin para adquirir bienes y servicios en Costa Rica, sin que por ello se teman sanciones por parte de las autoridades financieras del país.

    Sumado a esto, aclara que el proyecto no obliga al gobierno costarricense a que adquiera criptomonedas o que haga sustituciones por estos activos en las reservas monetarias de la nación. Lo que sí sucede en El Salvador con las múltiples compras de bitcoins que ha hecho el gobierno de Nayib Bukele.

    Atraer la inversión extranjera directa

    Obando precisó que con su proyecto de ley tienen la mira puesta en la atracción de inversión extranjera directa, sobre todo de empresas Fintech. Esto, considerando que Costa Rica es un país donde hay compañías con capacidades para incursionar en la nueva economía y que no han podido operar «por falta de un marco de legalidad y seguridad jurídica», tal como acota la legisladora.

    “En Latinoamérica, países como Brasil, México, Colombia y Chile han desarrollado normativas Fintech específicas, lo cual invita a la inversión extranjera directa de empresas. Costa Rica, por medio de la ley MECA, busca posicionarse entre estos destinos de inversión, para generar empleos”.Johana Obando, diputada de Costa Rica.

    La diputada detalló que las empresas Fintech que quieran invertir en Costa Rica, deberán cumplir con las normativas vigentes, sobre todo las aplicables al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero. Lo que sería una condición establecida en la ley MECA.

    Uso de criptomonedas estaría exonerado de algunos impuestos

    El proyecto de ley de Obando responde a la solicitud que hiciera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2020 a sus países miembros, entre los que está Costa Rica, de definir el mercado de criptomonedas y su tratamiento tributario respectivo.

    En ese sentido, según el proyecto de ley, los airdrops, la compra, la minería, almacenamiento, custodia, tenencia y la transferencia de criptomonedas, serían actividades no sujetas al impuesto sobre utilidades o beneficios. Esto por la “naturaleza extraterritorial” del ecosistema emergente.

    Tampoco se pecharán con el impuesto a las utilidades las compras de bienes y servicios hechas con criptomonedas, pues se entenderán como una permuta (entrega de un bien a cambio de otro) ante los ojos de la ley.

    Asimismo, la aceptación, compra, uso general y las demás actividades inherentes a las criptomonedas no serán objeto de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), ya que no representan transferencias de bienes y prestación de servicios en el territorio costarricense.

    Igualmente quedan exoneradas del IVA las transferencias de criptomonedas para comprar colones costarricenses (la moneda de curso legal), otros criptoactivos o algún bien o servicio. Eso debido a que se considerará una operación resultante de un servicio análogo al manejo de divisas, “el cual estará exento del impuesto”.

    Por otra parte, las operaciones con criptomonedas, como transferencias o enajenaciones, tampoco tendrán que pagar el Impuesto a las Ganancias y Pérdidas de Capital. Esto, si el bien transferido es propiedad de una persona natural y no es objeto de una actividad lucrativa.

    Pero si existe lucro por esta actividad, la ganancia por la operación será gravable y la pérdida deducible, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Impuesto sobre la Renta de Costa Rica.

    En ese sentido, este apartado de impuestos de la ley MECA se diferencia de la propuesta que hizo la Dirección General de Tributación de Costa Rica el año pasado, de gravar con un 13% la compra de criptomonedas y de hasta 15% por las ganancias, como lo reportó CriptoNoticias.

    Exchanges y monederos tendrían que pagar tarifas

    El proyecto de ley también establece que los Proveedores de Servicios de Criptoactivos, como exchanges de criptomonedas o monederos, tendrán que pagar un canon o tarifa anual. El mismo variará de acuerdo con el tamaño, la estructura, la cantidad, monto de transacciones y número de empleados de esas empresas.

    Explica el documento que estos fondos se usarán para financiar con hasta el 50% los gastos en que incurra la Superintendencia General de Entidades Financieras en la supervisión de estas empresas ligadas a Bitcoin.

    También se utilizarán para la contratación de herramientas tecnológicas y la capacitación para las autoridades del país en su labor de prevención de delitos financieros.

    Para que la ley sea sancionada en Costa Rica todavía faltan algunos pasos, como la aprobación en la Cámara, compuesta por 57 diputados. De estos, apenas 6 son parte del partido político de Johana Obando, el Partido Liberal Progresista.

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